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La batalla de Sigüenza. Diario de guerra
Jaime Despree
La batalla de Sigüenza
Diario de guerra: del 14 de julio al 16 de octubre de 1936




















Primera edición: 2005
Primera edición en ebook: Marzo 2012
© Jaime Despree
ISBN: 9781724182661

http://www.jaimedespree.com

Foto de portada: Milicianos apostados en el balcón de la torre del reloj de la catedral de Sigüenza, en los primeros días del asedio, en octubre de 1936
Fotografía cedida por cortesía del Exmo. Ayuntamiento y del Centro de Profesores y de Recursos de Sigüenza, y editadas en el libro «Sigüenza, imágenes para el recuerdo", Imprenta Laguna, S.A.L. 2003



































DEDICATORIA

Los historiadores de esta milenaria ciudad de Sigüenza se han referido siempre a la «Historia de los obispos de Sigüenza», pero nunca a la «Historia del pueblo de Sigüenza», porque los seguntinos hemos vivido siempre bajo el yugo «protector» y «paternalista» de obispos y dictadores. Cuando llegó la Democracia, la mayoría de nosotros desconocíamos la trascendencia y el profundo sentido de la palabra «libertad». Por eso quiero dedicar este libro a los que, en mi opinión, merecen figurar en nuestra historia como los primeros que dieron su vida por la libertad y la democracia en nuestra ciudad.

A las víctimas de la represión franquista, que en su mayoría permanecen olvidados en fosas comunes dentro y fuera de nuestra ciudad, y que fueron los primeros que intentaron librarse de nuestra secular esclavitud durante la «Batalla de Sigüenza», luchando contra el ejército golpista del general Franco, y que pagaron, no sólo con la vida, que tarde o temprano la perderemos todos, sino con el desprecio y la manipulación de los vencedores, y del olvido y la indiferencia de sus propios conciudadanos.



































PRIMERA PARTE




POR QUÉ SURGIÓ ESTE LIBRO


La crueldad intrínseca de toda guerra es que tiene como finalidad la exterminación del enemigo. Pero cuando éste tiene el rostro de un familiar, un amigo o incluso un vecino, entonces alcanza tal grado de crueldad que pone en entredicho la supuesta superioridad del ser humano con respecto de los animales. Cuando terminan las guerras civiles ambos contendientes se dan cuenta de que no ha habido vencedores ni vencidos, sino que todos la han perdido. Así son las guerras civiles, por eso es necesario superarlas con profundos y dolorosos actos de reflexión y arrepentimiento colectivos, acompañadas del necesario perdón y si es posible del olvido. Son tan graves sus consecuencias en las comunidades que las padecen, que su sentimiento de culpa permanece años e incluso siglos, en tanto estos sinceros actos de reconciliación no alcanzan a todas y cada una de las comunidades que las han padecido. No es suficiente con que un Gobierno decrete la paz, es necesario ganarla pueblo por pueblo, comunidad por comunidad, y ésta es la intención de este libro: hacer una revisión «histórica» de uno de los episodios más dramáticos de nuestra historia local, y que en mi opinión los «vencedores» no han hecho todavía lo suficiente para reconocer su parte alicuota de culpa en esta tragedia que nunca debió suceder.
Me he permitido entrecomillar la palabra «histórica» para llamar la atención de los lectores sobre un hecho evidente: que hasta ahora no se han escrito trabajos históricos sobre estos sucesos, sino meros panfletos propagandísticos, tanto de uno como de otro lado, de las ideologías enfrentadas en el conflicto.
La diferencia entre un libro de historia y un panfleto propagandístico no radica en los hechos en sí, que pueden coincidir, sino en la valoración de estos mismos hechos. Por ejemplo, un libro de historia diría: «en tal fecha entraron los milicianos republicanos en la ciudad», mientras que un panfleto de propaganda diría: «en tal fecha las hordas de descreídos marxistas, hombres sin Dios, canalla roja y bolchevique, entraron en la ciudad en plan conquistadores, de amos y señores de todo...», tal y como lo expresa en su delirante libro Enrique Sánchez Rueda.
Lamentablemente para ellos, esta valoración propagandística les desautoriza como historiadores y sus esfuerzos de reconstruir la realidad histórica carecen totalmente de crédito. Sin embargo, en este modesto trabajo he tenido en consideración la descripción de muchos hechos que aparecen, arropados de su inevitable verborrea propagandística, en éste y en otros libros que de alguna manera se refieren a estos hechos. Por tanto, mi intención es contar un relato verdaderamente histórico sin que en ningún momento utilice adjetivos peyorativos, todo lo más reflexiones personales, en un intento de interpretar las causas y los efectos, que nunca suelen aparecer en este tipo de libros con claras intenciones propagandísticas. Los historiadores no sólo necesitan datos, sino una gran dosis de sentido común para interpretarlos.

La Guerra Civil en Sigüenza fue extremadamente cruel, sobre todo porque algunos seguntinos (y otros que no lo eran, pero residían circunstancialmente en nuestra ciudad)  se ensañaron de tal forma con sus propios conciudadanos que hasta los mismos mandos militares de ambos bandos tuvieron que poner freno a sus odios, cuestionando sus denuncias. Algunos incluso llegaron a hacer de la venganza una especie de «turismo macabro», haciendo viajes de «fin de semana» para denunciar a sus paisanos en Soria, donde ya padecían penas de trabajos forzados.
En este trabajo no se mencionan nombres sino hechos, aun cuando su autor ha hablado con tantos testimonios directos de estos despiadados actos de venganza, que hubiera podido mencionar sus nombres y apellidos, así como las circunstancias y acusaciones con todo tipo de detalles. Muchos de ellos siguieron viviendo en nuestra localidad en contacto diario con algunas de sus víctimas, las que milagrosamente se habían salvado de sus deseos de venganza, sin que durante todo este tiempo tuvieran el más mínimo gesto de arrepentimiento, ni sus víctimas ninguna posibilidad de reivindicarse ni acusar a sus verdugos.
Cuando llegó la Democracia, había pasado una generación y los hijos de las víctimas hicieron un gran esfuerzo por olvidar, sin que se vieran recompensados por actitudes similares por parte de los hijos de los acusadores. Ahora ya estamos prácticamente ante la tercera generación de aquellos luctuosos hechos y todavía unos y otros siguen sin reivindicarse, y muchos nietos de los acusadores siguen sin reconocer la culpa de sus antepasados, con actitudes de intolerancia y desprecio por aquellos valores que deben presidir nuestra época, para salvarnos de nuevos hechos similares. Incluso yo mismo he tenido que sufrir en varias ocasiones esta intolerancia y probablemente tendré que seguir padeciéndola, incluso con más acritud después de hacer público este trabajo, pero como reza un proverbio chino, me complace saber que sólo se apedrean los árboles que dan frutos. Siempre he intentado hacer lo que ha estado en mi mano y en mi capacidad para beneficio de mi propia comunidad, aunque en ocasiones parezca que hago todo lo contrario.
Por eso he creído necesario hacer un último esfuerzo y pedir a los seguntinos que de una vez por todas acepten los hechos tal y como fueron y admitan que todos perdimos aquella guerra y que nadie tenia la verdad ni la razón. Que la verdad es la que dictan las urnas y la razón se expresa por medio del diálogo y la reflexión, tal y como intento hacer con este modesto trabajo, que estoy seguro no será totalmente objetivo, pero que ha sido ampliamente contrastado en sus hechos y conclusiones con muchos miembros de esta comunidad, de todas las ideologías, y que éste es el resultado final de este doloroso trabajo por recuperar la memoria histórica de unos hechos, que la sola descripción entristece profundamente y me parece imposible que hayan podido suceder.

Como novelista siento un gran respeto por los temas basados en hechos históricos y me propuse «revivir» aquellos tres meses con la mayor fidelidad e imparcialidad posible. Cuando empecé a recopilar información y bibliografía sobre la Guerra Civil en Sigüenza me di cuenta con verdadero estupor, que ni yo mismo, que presumía de saber algo de historia universal, desconocía la de mi propia ciudad. Otro de los estímulos fue un breve pero conciso relato sobre los sucesos más significativos que escribió Carlos Arjona, y gracias al cual comencé una metódica labor de recopilación de testimonios, no sólo de él, sino de muchos seguntinos más, ya por haber sido ellos mismos testigos directos, o por hechos relatados por sus familiares.
Al final me encontré con un material tan abundante y apasionante (por lo trágico y violento) que, sin duda me permitía escribir un modesto trabajo en el que estaba seguro de poder contar la «Batalla de Sigüenza», día a día, con detalles tan minuciosos como el contenido de los bultos que algunas milicianas se llevaban a Madrid, la actitud de los niños frente a los milicianos, el horario del tren «blindado» a Madrid, el menú del rancho de la tropa, etc.
Lo que más me sorprendió fue sin duda constatar que ni yo mismo conocía estos hechos, y que los más notables cronistas o ensayistas que habitualmente colaboran en las publicaciones locales, o que han sido la clave la historiografía local, disponían de material ya elaborado sobre este conflicto, pero que simplemente «no se atrevían a publicarlo». Entonces me pregunté si era cierto que todavía no estaban cerradas las heridas de la guerra. Me pareció simplemente absurdo que a estas alturas de la Transición española alguien siguiera pensando que la Guerra Civil debía ser «ensalzada» o incluso «justificada», porque no hay guerras civiles justificadas; las guerras, en general, son un fracaso de la inteligencia, del sentido común y de la propia condición humana, por tanto, todos aquellos que emprenden guerras de agresión son culpables ante la historia, sean quiénes sean: rojos o azules, cristianos o islamistas, etc.
Dicho esto, en mi opinión el estudio de la Guerra Civil española debe enfocarse como una circunstancia puntual, que ya no va a repetirse jamás y que, por tanto, si hemos de hacer algún juicio de valor debe ser desde la perspectiva actual, es decir, desde la defensa inequívoca de un Estado democrático y de Derecho, sometido a convenciones internacionales sobre el respeto a los Derechos Humanos, a la pluralidad y a la condena sin paliativos de toda forma de violencia que no sea en legítima defensa. ¿Por qué entonces debemos tener miedo a contar los hechos tal y como sucedieron? No hay razón para temer nada, pero, no obstante, soy partidario de no citar nombres propios, a excepción de aquellos cuya notoriedad es inevitable. Por tanto, este breve trabajo no citará nombres de familias seguntinas envueltas en el conflicto, para no herir los sentimientos de sus descendientes, pero ellos mismos deben valorar y aceptar la parte de responsabilidad si la hubiera, y hacer su propio examen de conciencia sin que nadie les señale con el dedo, porque, pese a que no soy creyente, acepto el dicho bíblico de que «con la misma vara que midas serás medido».
En definitiva, mi intención es establecer los hechos y que cada cual haga sus valoraciones. Por mi parte, me permitiré también analizar desde mi punto de vista esas «circunstancias» que nos llevaron al conflicto, pero aceptando que no pueden ser más que opiniones subjetivas y personales. Mi deseo es que todos los seguntinos, sin excepción, condenemos estos hechos como luctuosos y detestables, rindamos homenaje a todas las víctimas sin distinción, dejemos fijadas las fechas que debemos conmemorar en su recuerdo, y pasemos página de nuestra historia local con el firme propósito de defender el modelo político y social actual, imperfecto sin duda, pero el mejor de todos los posibles.

En cuanto a agradecimientos, sin duda que este trabajo habría carecido de interés sin la ayuda y el testimonio de un entrañable y extraordinario seguntino, con quien esta ciudad estará en deuda permanente y no habrá nada que podamos hacer para pagarle: me refiero al ya venerable, pero lúcido anciano, Ignacio Costero, superviviente del sitio a la Catedral y voluntario de la milicia seguntina.
Si las personas tenemos algunas virtudes que nos distingan, Ignacio Costero posee un compendio de las mejores: la avidez por el conocimiento, la búsqueda de la verdad, el sentido del deber, incluso en situaciones en que es preciso poner la vida en riesgo, el deseo de justicia social, la capacidad de contemporizar en todo momento y en todas las épocas, y hasta una sana y provechosa curiosidad. Por último, y sin duda la virtud que más me ha impresionado, es su  humildad y coraje para soportar el desprecio y el descrédito de los «vencedores», sin rencor, con generosidad y hasta con simpatía. El triste e inevitable día en que nos deje, podemos estar seguros de perder a la persona que a mi entender merece figurar entre los primeros seguntinos que inauguran la historia de la lucha por la libertad y la democracia en nuestra ciudad.
Por último, tengo que agradecer a la hija de Francisco Gonzalo, apodado «El carterillo», Isabel Gonzalo, el que disculpara mi interés por conocer su versión de la muerte de su padre, porque involuntariamente reviví uno de sus recuerdos más dolorosos y que con toda probabilidad el rememorarlos fue abrir una vez más esa herida. Espero que este libro ayude también a mitigar su dolor, imposible de superar a pesar de haber transcurrido tantos años, pero me consta que, al menos, les quedó la imagen de un padre que murió con dignidad y entereza, fiel a sus principios, por lo que la historia de esta ciudad debe hacerle un sitio destacado entre esos «buenos seguntinos» que dieron su vida para que otras personas, como yo mismo, pudiéramos escribir libros como éste, sin temor a sufrir la misma ciega y fanática violencia que él sufrió de sus propios paisanos.







BREVE ANÁLISIS DEL CONFLICTO


Durante cuarenta años a los españoles se nos quiso convencer de que la Guerra Civil española fue una «guerra de religión y de valores». Nada más irreal, porque no existen las guerras de religión, sino que todas las guerras tienen invariablemente un trasfondo económico.
La esencia del conflicto fue la consecuencia de los traumáticos sucesos producidos en la población española, mayoritariamente agraria y analfabeta, durante los dos periodos republicanos, cuyos gobiernos se empeñaron en recuperar con la mayor rapidez posible el tiempo perdido, y situar a España al mismo nivel social y económico que los países europeos de su entorno. 
Los cambios perseguían simplemente la creación de una clase media liberal y democrática, que era la base de todas las democracias europeas de su tiempo, a costa de reducir la pobreza de las clases humildes y disminuir los privilegios de las clases altas. Lo demás fueron los efectos de estas mismas causas. Pero ni la población, ricos y pobres, ni las instituciones seculares, respondieron al reto con actitud «dialogante», sino que se consideraron agredidos y reaccionaron con violencia e intolerancia.
La República no tenía otro medio para llevar a cabo las reformas que el derivado del «parlamentarismo», siempre respetando los logros sociales y políticos propios del Estado de Derecho (de la misma forma que ahora la lucha antiterrorista tiene que hacerse respetando el Estado de Derecho), por eso no estaba dotada, ni del ejército, ni de los efectivos policiales adecuados para «reprimir» a los alborotadores y descontentos. Por tanto, la primera vez que se empleó con auténtica dureza, durante la represión de las huelgas revolucionarias de 1934, sembró el germen de su autodestrucción. Tal vez transgredió lo tolerable para un régimen democrático y de Derecho, y dio alas y argumentos a los revolucionarios y a los militares para que entre los dos acabaran con ella.
Durante las huelgas revolucionarias de 1934, no sólo se frustraron las esperanzas de cambios profundos y radicales de las clases más empobrecidas, representadas fundamentalmente por las organizaciones anarco-sindicalistas, sino que molestó profundamente al Ejército, que representaba a las oligarquías terratenientes, grandes industriales y financieros, y a la propia Iglesia Católica, sin duda afectada por las leyes de la República que simplemente perseguían la separación real y objetiva de la Iglesia y del Estado, y especialmente al general Franco, encargado por la propia República de la sangrienta represión de los mineros en Asturias.
Durante el crítico periodo entre la victoria del Frente Popular y la sublevación militar, las provocaciones de los derrotados fueron constantes y con métodos prepotentes, ya que gozaban prácticamente de total impunidad. Hay que tener en cuenta que las clases acomodadas contaban con vehículos y cuantas armas desearan, con las que hacían razias diarias por los barrios populares de las grandes ciudades, disparando contra las ventanas de los sindicatos, donde raro era el día en que no se produjeran heridos o incluso muertos. 
Ante estas constantes provocaciones, las clases obreras solo disponían de un arma legal para defenderse: la huelga general revolucionaria, cansados ya de la inoperancia del Gobierno para terminar con las provocaciones. No es preciso recordar que los enfrentamientos en Sigüenza tuvieron su origen en una de estas provocaciones y que el asesinato en Madrid del diputado monárquico José Calvo Sotelo fue la consecuencia directa del asesinato de un capitán de la Guardia de Asalto, José Castillo, unos días antes. Por tanto, las condiciones para un golpe de Estado, militar o revolucionario a través de una huelga general revolucionaria, estaban creadas, pero Franco se adelantó. 
Para colmo, y para desgracia de la frágil República, como consecuencia del desplome económico de 1929 se estaba produciendo la derrota de las democracias centroeuropeas, en las que se deseaba reflejar y apoyar, con la ascensión del fascismo en Alemania e Italia y el triunfo de la «línea dura» de  Stalin en la nueva Rusia comunista, que eran las dos caras de una misma moneda.
Para comprender cuáles eran las intenciones reales de la República, lo mejor es analizar el desarrollo de la sociedad española a partir de la Transición que, sin duda, retoma el «espíritu republicano» sin utilizar elemento alguno del periodo franquista.
La «revolución burguesa» que preconizaba la República se realiza a partir de 1975 en apenas una generación, y puesto que el proceso es tan rápido, podemos hablar de tres revoluciones favorecidas por un cúmulo de circunstancias, que no se dieron en los años 30:
– La revolución política, que en mi opinión propició Adolfo Suárez, quién valientemente legalizó todos los partidos políticos, incluido el comunista, enterrando la política del «Movimiento» y recuperando la pluridad política de la República.
– La revolución legislativa, que aunque ya se había iniciado con Suárez, correspondió al periodo de gobierno de Felipe González, llevar a cabo una ingente labor legislativa, que renueva los fundamentos del nuevo Estado de Derecho de acuerdo una vez más con las intenciones de la República, derogando las leyes promulgadas por el franquismo.
– La revolución económica, que no hay duda fue impulsada por los diversos gobiernos de José María Aznar, gracias a que el «terreno» estaba listo y abonado para ello, quien, además, termina con los monopolios de la era franquista y los restos de autarquía económica que pudieran quedar, consolidando la capacidad adquisitiva propia de la clase media, a lo que aspiraba la República. 
Por tanto, los frutos de la Transición son el regalo que el «espíritu republicano» le hace a la nueva monarquía y que, afortunadamente, valora, aprovecha y respeta. Muchos españoles opinan no sin cierto sentido del humor, pero también con cierto fundamento, que el Rey Juan Carlos es el mayor republicano de nuestro país.
La llegada de los socialistas nuevamente al poder, en condiciones sin duda extraordinarias, resulta no obstante providencial, ya que pone fin a los excesos del neoliberalismo que propició la revolución económica de Aznar, y seguramente tratará de que se restablezca el equilibrio entre los factores fundamentales que configuran una sociedad equilibrada: el político, el legislativo y el económico.
España estaba cayendo en una peligrosa tendencia a dar prioridad al nepotismo del dinero, sobre todo porque al ser una revolución tan precipitada, no se estaban consolidando los tres valores fundamentales propios de la clase media histórica en Europa: la ilustración humanística en contra de la especialización profesional; la responsabilidad compartida en contra de la represión policial, para el ejercicio del gobierno, y la cultura democrática para comprender la importancia del respeto hacia el opositor y vigilar su pureza y autenticidad.

Pero volviendo al análisis de los acontecimientos que originan la Guerra Civil española, los grandes capitales de la época, como el de Juan March y la propia familia real en el exilio –que apoyaron financieramente a Franco desde Portugal durante los primeros meses de la guerra–, sin duda temían que era inevitable una nueva y más violenta huelga general revolucionaria, de imprevisibles resultados, y debieron tantear a militares represaliados como Mola, Sanjurjo o al joven general Franco, para proponerles dar un golpe de Estado. Franco, que en un principio se negó rotundamente a participar es este complot, debió considerarlo más adelante y una vez que comprendió que con él o sin él, Sanjurjo y Mola darían el golpe. Dado el desorden e indisciplina dentro del propio Ejército y contando con fuerzas leales y bien entrenadas como la Legión, creada por Millán Astrai, pero en la que Franco tenía gran ascendencia, y formada en su mayoría por marroquíes rifeños procedentes de nuestro protectorado y de los estratos más pobres –una de las prácticas habituales de esta tropa era arrancar dientes de oro de sus víctimas y hacerlos llegar a sus familiares como si se tratara de remesas de inmigrantes–, así como prófugos de la justicia, Franco debió considerar que le resultaría fácil dar un rápido golpe de Estado, disolver los partidos políticos y las organizaciones sindicales, disolver las Cortes, censurar los medios de comunicación, para, finalmente, y una vez restablecida la «disciplina», nombrar un gobierno «fuerte» y de «unidad nacional», sin que al principio tuviera una idea de cómo podría ser este gobierno.
En mi opinión, como militar y apolítico, detestaba por igual a socialistas como a falangistas, anarquistas como a carlistas, marxistas o capitalistas. En definitiva, podríamos decir que «Franco era un hombre de disciplina», simple y sin complicaciones.

Cuando se produce el alzamiento, la violencia desatada catalizaría al menos nueve movimientos enfrentados entre sí, lo que se traduce en varias guerras internas dentro de la Guerra Civil:

1. El ejercito de Franco contra el de la República: Primera fase del conflicto y el que deseaba el propio Franco.
2. Falangistas contra socialistas: En busca de las clases medias, muy próximos en sus postulados básicos, pero enconados por el nacionalismo de unos y el internacionalismo de los otros, además de sus posturas con respecto a los valores tradicionales y la religión.
3. Marxistas contra requetés: O lo que es lo mismo, ateos contra católicos fundamentalistas.
4. Anarquistas contra la República: En revancha por la represión de 1934, y a la que consideraban «burguesa».
5. Requetés contra franquistas: En defensa de sus fueros y la reinstauración de la rama borbónica de Carlos, y que Franco nunca reconoció.
6. Franquistas contra falangistas «auténticos»: Franco abandonó y encarceló a sus líderes, y dejó a su suerte a José Antonio y a otros destacados falangistas, rivales molestos, y fusionó hábilmente a estos con los intransigentes requetés en la FET y las JONS, poniendo fin a sus disputas.
7. Brigadas Internacionales contra nazis alemanes y fascistas italianos, como preludio de la Segunda Guerra Mundial
8. Anarco-sindicalistas de la CNT-FAI contra los sindicalistas socialistas de la UGT.
9. El Partido Comunista (PC) afín a las tesis de Stalin contra el Partido Obrero de Unificación Marxista (POUM), que apoyaba las tesis troskistas.
En estas confusas circunstancias, sólo el general Franco, por su talante castrense, frío, metódico e intuitivo, tuvo la habilidad de mantener unido su frente bélico, en tanto que en el lado republicano, fue imposible la unidad de acción, llegando incluso a enfrentamientos violentos entre sí, sobre todo en Cataluña.
El propio Franco evolucionó desde una postura apolítica como «hombre de disciplina y de unidad nacional», a otra someramente política, cuando comprendió que podía ganar la guerra, fusionando el pensamiento social y nacionalista de los falangistas con el moral y religioso de los carlistas, ofreciéndoles participar en un primer Gobierno, pero sin transigir a ninguna de sus verdaderas reivindicaciones, como eran la instauración de un fascismo al estilo italiano de los falangistas y la reinstauración en el trono de la rama borbónica de Carlos, con los consiguientes fueros para Navarra, de los requetés. Las oportunas muertes del general Mola en una accidente aéreo y del general Sanjurjo en los primeros días del alzamiento, le facilitaron el acceso incuestionable y dictatorial a la jefatura del Estado.
Tan sólo la firmeza de su régimen, gracias a una brutal depuración sistemática (tanto de la izquierda como de la derecha hostil), y dentro de un Estado policial y militarizado, le permitió mantener hasta la década de los años sesenta un régimen con esa mezcolanza de ideologías, que podía resumirse en un nacional-socialismo católico y tradicional, fundamentado sobre el Ejército, y que tuvo que mantener firmemente hasta el mismo día de su muerte. La reinstauración de la Monarquía (o más bien «instauración») aceptada a regañadientes por los progresistas tras la muerte del Franco, no probaba otra cosa que su régimen usurpó durante 40 años la legalidad institucional en nuestro país. En rigor, tras la muerte de Franco debería de haberse constituido un proceso de negociaciones hasta la proclamación de la III República, tal y como había sucedido en Francia tras la dominación napoleónica. Sin duda el «23 F» salvó al Rey de las dudas de los republicanos y le legitimó como jefe del Estado.































EL TRASFONDO EN SIGÜENZA


Tras las elecciones generales de marzo de 1936, a pesar de que en Sigüenza vencieron los monárquicos romanonistas, y ante la negativa de estos de jurar fidelidad a la República, es nombrado alcalde Francisco Lafuente, del partido Izquierda Republicana, encabezando una Gestora Municipal, junto con otros concejales leales, que no será disuelta hasta la caída de Sigüenza. 
Al estallar la sublevación, la población de Sigüenza no reaccionó, y al no haber personal militar o de seguridad en la ciudad, nadie se atrevió a tomar la iniciativa en ningún sentido, ni a favor de ningún bando. Los grupos que podrían haber tomado la iniciativa en los dos o tres primeros días del conflicto, tanto socialistas y comunistas afiliados a la Casa del Pueblo, como falangistas adscritos a Acción Popular y a Acción Católica, carecían de armamento y probablemente de decisión. Testigos presenciales del bando sublevado aseguran que los camiones de intendencia del Tercio Requeté que tomó Sigüenza, que transportaban alimentos a las tropas desde Navarra, regresaron en una ocasión cargados con armas, escopetas de caza, que había almacenadas en la Casa del Pueblo. Cabe la posibilidad de que los militantes socialistas seguntinos, en previsión de una sublevación, almacenaran estas armas, pero nunca llegaron a utilizarlas.

El análisis que hemos hecho para España es también válido para Sigüenza, a excepción de la participación de los «internacionalistas». Pero sin duda la causa de la formación de facciones tuvo mucho que ver con la muerte violenta de Francisco Gonzalo, el «Carterillo», persona querida y respetada, y la vileza de algunos seguntinos (menos de media docena) que provocaron una innecesaria represión posterior, ya que en mi opinión en Sigüenza no había motivo para enfrentamientos enconados de clase, al menos que justificaran depuraciones con ejecuciones sumarias.
No cabía ninguna posibilidad de que la población, tanto la urbana, como la campesina de las pedanías, aceptara el mensaje revolucionario, porque no había ni grandes terratenientes, ni grandes industriales, ni siquiera el clero, a excepción de Hilario Yaben, (próximo al pensamiento nazi y que no fue represaliado) era claramente beligerante. Los sectores productivos seguntinos se concentraban en el comercio al mayor y al detalle con un reducido número de empleados, pequeñas industrias o talleres artesanales con uno o dos operarios o aprendices y servicios administrativos de tendencia republicana y liberal. Los campesinos, por su parte, eran pequeños propietarios apolíticos, pero cercanos a las tesis conservadoras de la monarquía, más por tradición y costumbre secular que por otra cosa, o aquella que apoyara el clero local, salvo aquellos que llegaron a formar parte de los sindicatos o asociaciones agrarias de tendencia socialista. Lo que prueba esta situación fue que ni siquiera las fábricas de alfombras o la de elásticos de Lapastora fueron colectivizadas. Tan sólo lo hicieron, y no está totalmente probado, los empleados de la entonces fábrica de papel moneda, una de las primeras en España, y más tarde de estraza, de Los Heros, situada entre La Cabrera y Aragosa. No hay pruebas, como comenta Vallina, de colectividades de carácter agrícola en toda la comarca.
Paul Preston analiza las causas de esta ferocidad en la represión de los pueblos ocupados por miembros de la Falange, con este comentario: «Los falangistas que ante los arbitrarios y terribles actos de represalia contra la población civil tenían problemas de conciencia, se alistaban voluntarios al frente, los que no tenían problemas de conciencia se quedaban en las ciudades simplemente para dedicarse a reprimir. Por eso los falangistas de las ciudades eran los más sanguinarios».
No cabe ya la menor duda de que la actuación del ejército franquista en Sigüenza fue desproporcionada, excesivamente cruel con la población civil y sus intereses, e incomprensiblemente represiva durante la postguerra, sobre todo porque en su mayoría eran monárquicos, católicos y afines a sus ideales. 
Fue tan feroz, cruel y arbitraria la represión franquista (sin duda debida a la resistencia que opusieron los milicianos) que la historia posterior de nuestra ciudad ha quedado profundamente marcada y arrastró el trauma del enfrentamiento sin que hasta la fecha, casi setenta años después, se hayan aceptado los hechos y se haya hecho pública una valoración mínimamente objetiva e imparcial de los acontecimientos. 
Los responsables políticos posteriores, en la medida de que estaban influenciados por el horror de la contienda, decidieron «congelar» la ciudad de acuerdo a la estructura social y económica «tradicional» que tuvo durante los años veinte. Es decir, evitar a cualquier precio su industrialización, o lo que es lo mismo, el proceso de evolución natural de talleres artesanos a pequeñas industrias familiares, que traerían obreros, a los que culpaban de causar todas sus desgracias. La influencia de la Iglesia local para frenar cualquier intento de industrialización fue evidente. Buena parte de la población culpó a la creación de la Casa del Pueblo –en un capítulo posterior se verá hasta que punto esta idea es sostenida también por la Iglesia local– de todos los males padecidos por la población durante la Guerra Civil, que se limitó a implementar las nuevas legislaciones laborales promulgadas por la República en lo referente a despidos improcedentes y a la obligación de contratar parados locales con prioridad a los foráneos, y ese mismo criterio permaneció hasta bien entrada la Transición. Por esta razón, Sigüenza se quedó postrada, como una especie de «ciudad fantasma», perdiendo la extraordinaria oportunidad que supuso la entrada en la Unión Europea y el río de inversiones para infraestructuras que llegaban a nuestra comunidad, quedando al margen de toda modernidad, anclada en el pasado sin un sentido claro de cuál podría ser su futuro, una vez perdida la oportunidad de su industrialización durante la década de los setenta y ochenta. 
Por mucho que la nueva Corporación socialista se empeñe en «recuperar el tiempo perdido», las posibilidades de éxito son escasas, porque los fondos estructurales procedentes de Europa se están agotando y las necesarias inversiones para poner al día nuestras infraestructuras que puedan favorecer al posible empresario local representan un coste excesivo para las endeudadas arcas municipales, incapaces de equilibrar sus presupuestos debido a la escasez de sus ingresos. Pero sobre todo porque Sigüenza, debido a la importante pérdida de población sufrida durante los años setenta y ochenta, carece de la energía suficiente para este enorme esfuerzo, además, de la voluntad general y de la unidad de acción necesaria para ello.

Si reconocemos que este análisis puede ser aceptable y reivindicamos la memoria histórica de los hechos tal y como acaecieron y exhumamos las fosas comunes que todavía queden,  deberíamos erigir un alegórico monumento por suscripción pública –para el que no faltan buenos artistas locales que lo pudieran crear– en memoria de «todas las víctimas», indistintamente del lado que estuvieran, y, de esta manera, al menos podremos cerrar este capítulo de nuestra historia que sigue de alguna manera abierto y pesando en nuestra memoria y conciencia colectiva, dejando así abierto un proceso de reflexión para reincorporar la ciudad al momento histórico actual, con el consiguiente nuevo dinamismo e interés, sobre todo ahora que la inmigración descontrolada ha «roto el maleficio histórico de la clase trabajadora», y tarde o temprano reivindicarán todos sus derechos propios de una sociedad moderna y laboralmente regulada.


























LA SITUACIÓN DE LA IGLESIA LOCAL


Como historiador circunstancial y escritor de vocación, tratándose de un trabajo con intenciones históricas, no doy como aceptable nada que no sea mínimamente probado. Por esta razón mi primera aproximación a la Iglesia en Sigüenza, en épocas previas a la ocupación, se fundamentaba en la creencia de algunos sacerdotes de merecido respeto intelectual, con quienes he conversado ampliamente comentando este trabajo, que opinaban que «la Iglesia en Sigüenza apenas tenía poder». Después de revisar las actas del Obispado y el último tomo de la Historia de los Obispos de Sigüenza, de Aurelio de Federico, cuyo edición curiosamente no se encuentra en la Biblioteca local, ni existe posibilidad alguna de adquirirlo, no me queda más remedio que cambiar de opinión.
Cierto que la Iglesia no tenía poder, pero eso era precisamente la causa de su enconamiento contra la República. La retirada de muchas ayudas estatales, el intento de hacer efectiva la separación de la Iglesia y del Estado, promoviendo la educación pública en detrimento de la religiosa, la regulación de muchos servicios públicos y sociales que eran exclusividad de la Iglesia, como la gestión de cementerios, bodas, bautizos; la legalización del divorcio y la regulación del aborto, etc.,  y una nueva y más severa fiscalización por parte de la República, dejó a ésta ante la perspectiva de perder gran influencia sobre sus feligreses con la consiguiente pérdida de ingresos para su financiación.
El obispo Nieto estaba profundamente preocupado por la probable bancarrota de la diócesis seguntina y muchas de sus cartas pastorales y acciones concretas están encaminadas a concienciar a los feligreses de que debían ser más generosos y contribuir al sustento del clero local. Hay que tener en cuenta que era enorme el gasto del Cabildo, además de las numerosas órdenes religiosas, el Seminario y los colegios religiosos. ¿Cómo hacer frente a todos los gastos? En mayo de 1936, y tras la victoria del Frente Popular, lanza una campaña, denominada «Cruzada Pro Ecclesia y Seminario», para concienciar a los feligreses de sus responsabilidades financieras con su Iglesia. En su misiva a los promotores y ejecutores advierte: «Mirad esta cruzada como cosa vuestra, pero miradla no bajo el prisma del interés, porque pudiera parecer a algunos que lo hacemos impulsados por el egoísmo». La advertencia deja claro que el trasfondo es económico.
La gran paradoja a la que se enfrenta la Iglesia durante esta época es que los numerosos feligreses que supuestamente tendrán que sustentarla son, en su mayoría, pobres de solemnidad. Su defensa de los estamentos tradicionales que justifican la existencia de las clases sociales, es decir la inevitable condición social de pobres y ricos, se vuelve dramáticamente contra quienes los defienden: es imposible que las clases populares sostengan la Diócesis y los ricos tampoco están dispuestos a correr ellos sólos con todo el gasto. ¿Qué hacer? Parece sencillo deducir que la mejor opción era apoyar cualquier movimiento social que defendiera el retorno de los valores tradicionales, aquellos que aseguraban su supervivencia en condiciones al menos aceptables. Y esta postura se sustancia en la creación de organizaciones seglares de apoyo a la Iglesia, como por ejemplo la «Acción Católica», próxima a los grupos falangistas.
En cuanto a su beligerancia política, también tenía la esperanza de no encontrar prueba alguna que contradijera la opinión que me había formado de que «carecía de poder» 
Puede que fuera a través de la interacción de la Iglesia y su organización seglar «Acción Católica» por lo que a la defensa de la fe, que es sin duda la labor primordial de toda Iglesia, se le añadió la peligrosa idea de que ésta también defendía, casi en exclusividad, la «Patria». ¿Cómo no iba a causar indignación entre los republicanos, que también se sentían patriotas, que la Iglesia se apropiara en exclusiva de este valor esencial? Este párrafo escrito acerca de la biografía del obispo Nieto creo que deja claro el intento de apropiación de la Patria por la religión católica de su tiempo: «Y llegados a este momento, no aparecen ya hechos salientes en nuestro biografiado hasta los primeros días de la Guerra Civil española en que segaron su vida los enemigos de la Religión y de la Patria».
El talante «político» de la iglesia a favor de las fuerzas más tradicionalistas, si quieren podemos llamarla la extrema derecha, no puede ocultarse. Personalmente sentí una gran tristeza cuando indagando en los escritos biográficos del obispo Nieto leí estos lamentables párrafos:
«Situación política de Sigüenza poco antes del Movimiento Nacional y en los primeros días del mismo:
»Sigüenza, fundamentalmente católica en su gran mayoría, como lógico efecto del vivir multisecular bajo la sombra benéfica de los obispos, padecía ahora, al igual que tantos otros lugares en España, un fenómeno revolucionario sostenido y fomentado especialmente por la denominada Casa del Pueblo».
Que yo sepa, y los testigos de su tiempo pueden confirmarlo, en la Casa del Pueblo de Sigüenza no existía ningún complot revolucionario. Cierto que se discutían y valoraban los resultados de la revolución de Octubre en Rusia y que se consideraba la posibilidad de que algo así pudiera suceder en nuestro país, pero fundamentalmente era la sede de un partido democrático, abierto y tolerante, cuya función social fundamental era la implementación de las nuevas legislaciones laborales en defensa de los trabajadores y contra los abusos frecuentes de los patronos locales, además de la difusión de la cultura popular.
Este lamentable párrafo, que prueba la beligerancia política inequívoca de la Iglesia local de aquel tiempo, sigue así:
«Mas, por otra parte, en esta ciudad había plantado también su bandera la nueva fuerza política de Falange Española, a quien la muerte de Calvo Sotelo hizo vibrar intensamente, como a todos los buenos patriotas, cuya indignación subía de punto al contemplar que un hecho tan execrable era aplaudido e incluso celebrado con especiales actos por algunos sectores de la República».
Ningún sector oficial de la República celebró el asesinato, como no fuera algún cuerpo aislado de la nueva Guardia de Asalto. Era evidente que la Iglesia local confundía la República con «marxismo» y con «revolución», cuando las clases medias republicanas podían perfectamente ser consideradas como de centro-derecha, como el propio alcalde de Sigüenza, Francisco Lafuente. Es decir, confundía la República con las fuerzas sindicales de izquierdas revolucionarias, que también luchaban por derrocar la misma República, y consideraba a los partidos de extrema derecha como los únicos defensores de la Patria. Nuevo golpe bajo a los republicanos de clase media y de centro-izquierda o centro-derecha que se consideraban así mismo también buenos patriotas.
Pero el párrafo sigue así:
«Ávidos, pues, los falangistas seguntinos de tomar represalias  ante aquel nefando crimen, decidieron eliminar, con la violencia de las pistolas, al presidente de la susodicha Casa del Pueblo –a la sazón el cartero Francisco Gonzalo, alias el «Carterillo»–, y así lo hicieron efectivamente...»
Para cualquier escritor, habituado al uso enfático de los términos peyorativos para «esconder las verdaderas intenciones», tanta retórica y el uso del eufemismo «eliminar» por «asesinar» demuestra que la conciencia de su redactor no estaba sin duda muy tranquila. De cualquier forma resulta intolerable que la Iglesia local seguntina justificara el asesinato como forma de solucionar los conflictos sociales. Pero la prueba más evidente de la beligerancia activa en política de la Iglesia seguntina de aquel tiempo es la descripción del lamentable remate de este suceso:
«Tal suceso sembró profunda inquietud en la población, incrementada por el sepelio de la víctima, que no tuvo carácter religioso alguno y constituyó una manifestación de ideología izquierdista».
¿Cómo era posible que aquella manifestación multitudinaria fuera izquierdista en una población «mayoritariamente católica»? Sinceramente, creo que la Iglesia seguntina debería pedir disculpas por estos comentarios tan poco adecuados a las virtudes cristianas de «perdón», «misericordia» y «reconciliación» de un importante y destacado miembro de su comunidad, y ahora comprendo por qué este cuarto volumen de la «Historia de los Obispos» prácticamente no ha circulado en nuestra localidad, incluso no se puede consultar en nuestra Biblioteca pública. Se trata de un libro más propagandístico que con rigor histórico, como la mayoría de los que se publicarían sobre este mismo tema. Por desgracia durante la época franquista apenas se escribieron libros de historia, la mayoría eran panfletos de    propaganda aprobados por la severa censura del Movimiento. Diez años después de su publicación en la Imprenta Box, se produjo la Transición, por tanto era una lectura que ponía en un serio aprieto a la Iglesia local.
Por si mis apreciaciones pudieran parecer tendenciosas, puedo aportar un nuevo argumento en favor de esta opinión que me parece francamente intolerable. En una reciente gira por monasterios e iglesias rurales de Aragón, y Castilla y León he podido comprobar con enorme tristeza que en la mayoría de la iglesias permanece todavía la correspondiente placa de homenaje a José Antonio Primo de Rivera, abogado fascista y que hoy no pude considerarse de ninguna manera por la comunidad democrática como un personaje digno de homenajes públicos, excepción hecha de sus propios seguidores, junto con los nombres de las víctimas de uno de los bandos. Se dan, además, incomprensibles casos como el de algunas iglesias que habían retirado la placa para renovar la fachada y la vuelven a colocar una vez finalizada. En el Monasterio de la Vid, de los padres Agustinos, hay una gran cruz de los caídos en un lugar destacado de la entrada, con una inscripción cuidada que glorifica a los sacerdotes «asesinados durante la Guerra Civil». 
¿Es que no comprende la Iglesia que las guerras civiles, a diferencia de las de invasión, como las napoleónicas, se dirimen entre personas de un mismo pueblo y a veces de una misma familia? ¿Es que no sería más «cristiano» hacer desaparecer de una vez por todas esas placas y cruces o cambiar al menos la redacción de sus textos para no ofender la sensibilidad de los hijos o nietos de los republicanos, que también fueron represaliados y cuyos restos descansan en fosas comunes de lugares desconocidos? Pero, ¿por qué la Iglesia católica española actúa con tanto y tan reiterado rencor? ¿Es necesario recordar lo que describieron periodistas portugueses y franceses sobre los fusilamientos en masa del general Yagüe, que sólo en la plaza de toros de Badajoz fusiló en minutos a más de dos mil milicianos y civiles, aun cuando fuentes de periodistas independientes, como el norteamericano Gabriel Jackson, lo cifran en cuatro mil?
Por último, la Iglesia seguntina tarde o temprano tendrá que dar explicaciones a la población de por qué el equipo de trabajadores, aparejadores y arquitectos que reconstruyeron la Catedral y el Seminario eran, en realidad, perteneciente a un organismo oficial creado por Franco para la recuperación de regiones devastadas. De acuerdo al informe presentado por este mismo organismo, la Dirección General de Regiones Devastadas, dependiente del Ministerio de la Gobernación y publicado en 1946, «Sigüenza fue zona de combate durante la guerra; sin embargo, ya en agosto de 1937 se inician las primeras obras de restauración de su Catedral (quiere decir el proceso de desescombro con la ayuda de presos de guerra). Pero la magnitud de esta empresa requiere la ayuda decidida y la tutela vigilante del Estado, que nuestro Caudillo otorga generosamente, disponiendo  que la Dirección General de Regiones Devastadas se encargue de la ejecución de las obras, que comenzaron el 3 de febrero de 1941». La función de esta Dirección General  era la reconstrucción de viviendas civiles en aquellas ciudades cuya destrucción fuera considerada como «devastadora», caso perfectamente aplicable a Sigüenza. Muchos seguntinos de esta época, incluidos mis propios abuelos, esperaban recibir ayudas del nuevo Estado para la reconstrucción de sus viviendas, pero tanto los fondos, como la mano de obra y los técnicos, fueron a parar íntegramente a la reconstrucción de la Catedral y del Seminario, que no forman parte del patrimonio local, sino que son propiedad de la Iglesia. Es decir, los fondos fueron a parar a la Iglesia y muchos seguntinos tuvieron que abandonar la ciudad ante la imposibilidad de reconstruir sus viviendas. De hecho la situación actual de ruina de las Travesañas, a pesar de que muchos optaron por reconstruir sus viviendas con sus propio medios, una vez más como el caso de mis abuelos, tiene su origen en esta poco solidaria actuación.


La actitud de la Iglesia local actual frente a la Guerra Civil.

Sorprende que el libro que sirve de referencia para la reivindicación del supuesto martirio de los sacerdotes ejecutados durante la Guerra Civil por los milicianos que ocuparon Sigüenza, e incluso para establecer los hechos en torno a la muerte del obispo Nieto, sea sobre todo el de Enrique Sánchez Rueda, un veraneante, declarado fascista defensor de Hitler y de Mussolini, católico fanático, que como se puede comprobar a lo largo de la lectura de su libro, citado profusamente en este trabajo, comete de forma intencionada y propagandística infinidad de errores, así como grandes y graves omisiones de todo tipo.
Este autor, que desprecia a la población de Sigüenza tanto como a los mismos «rojos», al sugerir que sean exiliados o fusilados sin piedad prácticamente la mitad de ellos, no puede ser un referente objetivo para establecer las circunstancias de la muerte de los sacerdotes.
Su relato está emocionalmente motivado por la desgraciada muerte de su hijo, a quién los milicianos de la CNT-FAI, alojados en el convento de las Ursulinas, frente a su casa de San Roque, acusaron de haber aprovechado momentos de confusión para disparar contra ellos. Sin duda que su muerte motivaría la redacción de su libro y su despiadada y cruel acusación a toda la población seguntina, a quien culpa de no haberse portado con lealtad con las religiosas desalojadas de los conventos, y a las notables familias de católicos seguntinos que no quisieron ofrecer un refugio para proteger al mismo obispo Nieto. Así mismo, llega a acusar a la Gestora Municipal del mismo comportamiento, cuando ésta impidió precisamente la ejecución de muchos de ellos. Por tanto, queda probado que su libro no se puede valorar como «histórico», sino como mero panfleto propagandístico y, además, se trata de una intolerable, delirante y hasta histérica exaltación del fascismo. 
A pesar de todo, sus relatos son utilizados, con más o menos matices, para el esclarecimiento de las circunstancias de las muertes de los sacerdotes durante los tres primeros meses de la guerra civil en Sigüenza, especialmente la del obispo Nieto, sin que sus historiadores locales hayan hecho grandes esfuerzos por contrastar estas circunstancias con otras fuentes más fiables.
No nos cabe la menor duda de que todas esas muertes fueron dolorosas, pero no más que las de los civiles, muy superiores en número, y que también fueron acusados por algunos de los sacerdotes supervivientes.
Si la Iglesia local quiere contribuir a la superación de la Guerra Civil en Sigüenza tiene que investigar con más objetividad, no sólo los casos en que sus miembros fueron ejecutados, sino los de sus feligreses, que a fin de cuentas son los que justifican la propia acción y existencia de la Iglesia. 
Todos los españoles hemos sido bautizados (a pesar de que muchos nos hubiéramos opuesto a ello de haber podido hacerlo), por tanto se supone que todos en algún momento de nuestras vidas profesamos la religión católica y fuimos parte de su comunidad de fieles. Si al inicio de este nuevo siglo las iglesias no están muy concurridas, tal vez sea porque la Iglesia católica no se ha renovado lo suficiente como para contemporizar con sus ex feligreses. Uno de estos desfases es su escaso rigor a la hora de establecer sus propios hitos históricos, sobre todos los relacionados con la Guerra Civil española.
Si la Iglesia quiere ganar credibilidad entre los que no estamos dispuestos a creer todo aquello que se nos dice, debe esforzarse en ser más objetiva y presentar sus alegatos con más rigor histórico. La Iglesia está en su derecho de canonizar a quién desee de acuerdo a sus propias valoraciones, pero no tiene derecho a deformar la memoria histórica de una localidad sólo para que ésta se acomode a sus propios deseos.






















LA REPRESIÓN RELIGIOSA Y CIVIL


Las persecuciones a la Iglesia católica no empiezan con el marxismo. Aparte de las «luchas de religión», es decir, de las religiones entre sí, la represión contra la Iglesia católica se inicia a partir de la Revolución francesa, cuando se quiere hacer efectiva la separación entre la Iglesia y el Estado, en un intento de desvincular a la primera de su histórica alianza con la nobleza y, más tarde, con la burguesía y los terratenientes. La razón está en los cambios culturales y sociales producidos por la Ilustración y la declaración de los Derechos del Hombre de la Revolución Francesa, por los que resulta intolerable la visión paternalista de la sociedad estamentaria feudal, en que la suerte de los «plebeyos» depende de la «bondad» y «paternalismo» de los «señores» (muchos de ellos obispos, como el caso de Sigüenza), o del explotador para con el explotado, sin que puedan existir fundamentos legales que regulen con justicia y equidad estas relaciones. Aún antes de la Revolución Francesa, ya Herodoto narra la destrucción de templos por los pueblos invasores, es decir, las diversas religiones siempre han estado de alguna manera directamente vinculadas al poder terrenal, por cuya causa han sido objeto de constantes persecuciones.
Después de la Revolución Francesa, los profundos cambios sociales se reflejan en constantes conflictos sociales de carácter revolucionario, se fundamentarán en la justicia social y, una vez más, exigían la separación efectiva y real de la Iglesia y el Estado, apartando a la primera de todo poder político real o inducido en la propia sociedad. 
La radicalidad y brutalidad de los medios para conseguirlo dependerían de la situación cultural del pueblo que las practica y de la irracionalidad o dogmatismo de la iglesia perseguida. No olvidemos que los fundamentos de las revoluciones sociales se basan siempre en la razón contra el dogmatismo, introducidos por el pensamiento de la Ilustración. Cuanto más obstinadas son las iglesias para aceptar esta necesaria separación (boicot de la educación, el derecho a la libertad de culto, el matrimonio civil, el divorcio, el aborto o incluso la eutanasia, la pérdida de sus privilegios fiscales, etc.) más violenta es la reacción del pueblo que lleva a cabo la revolución.
En cuanto a la profanación de imágenes, muchas religiones de pueblos que podemos considerar «civilizados» no rinden culto a las imágenes, ni le conceden valor simbólico alguno, por lo que no debe de extrañarnos que éstas hayan sido, a su vez, objeto de escarnio.
Por último, no nos olvidemos de que las religiones que más profusión de símbolos y ritos utilizan son precisamente aquellas cuya base social es más inculta o analfabeta. La «puesta en escena» de la religión es una forma de hacer llegar el mensaje bíblico a personas incapaces de leerlo por ellos mismos en sus libros sagrados, como sucede en la religión protestante, que como todos sabemos, utilizó la Biblia como verdadera «cartilla escolar» para enseñar a leer y escribir a sus niños, lo que no ocurriría en el ámbito social de la Iglesia católica. Y ésta es una de las razones del mayor avance cultural y económico de las sociedades de mayoría religiosa protestante.

Sería inadecuado en un trabajo cuya única intención es establecer los hechos para la recuperación de la memoria histórica de la Guerra Civil en nuestra ciudad, decir que las ejecuciones de personas implicadas en la sublevación contra la legalidad vigente eran más justificadas, una vez declarado el estado de guerra, que aquellas producidas por las fuerzas sublevadas contra los defensores de esa misma legalidad, porque todas las ejecuciones son injustificadas. Pero es evidente que durante más de sesenta años se ha investigado, sobre todo por parte de nuestra Diócesis, sólo los nombres, apellidos y circunstancias de las «víctimas de los rojos» y prácticamente no se ha publicado nada de las de los «sublevados», incluida la población civil como consecuencia de acciones de guerra, y tras la toma de Sigüenza.
En cuanto a las víctimas de los milicianos, disponemos de una amplia relación en el libro de Aurelio de Federico, también en el de Felipe-Gil Peces Rata o en el del propio Sánchez Rueda. Incluso llama la atención que en el libro de Aurelio de Federico,  supuestamente dedicado a la comunidad religiosa, se incluyan víctimas civiles pertenecientes a la guardia civil de aquel tiempo, cuando muchos de su miembros se hicieron tristemente famosos por su extrema crueldad.
Según esta publicación el total de sacerdotes ejecutados en Sigüenza y sus pedanías desde el 25 de julio al 8 de octubre es de 18, incluidos el deán de la Catedral en La Cabrera y el obispo Nieto en Estriégana. Según el libro de Felipe-Gil Peces, los ejecutados en el termino municipal de Sigüenza, y bajo la influencia de la comandancia de esta ciudad, sólo son 14.
Gran parte de las «causas penales» abiertas contra los sacerdotes tuvieron su origen en su actitud personal ante los ocupantes, poseídos por un «irracional miedo a ser fusilados sin acusación, por el simple hecho de ser sacerdotes». En su intento desesperado de huir provocaban las sospechas sobre ellos mismos. Muchos sacerdotes, que por la razón que fuera se vieron obligados a permanecer en la ciudad, fueron respetados, como el caso del sacerdote Galo Badiola, –o más propiamente dicho, el hijo de Galo Badiola–, que llegaría a jugar partidas de cartas confraternizando con los milicianos de la guardia de Martínez de Aragón. Los relatos intencionadamente exagerados y la omisión de los casos en que sacerdotes sobrevivieron en las zonas ocupadas por las milicias, han deformado la situación real. El miedo es libre e incontrolable, y probablemente en los primeros días de la ocupación de Sigüenza por parte de los radicales milicianos anarquistas y comunistas de la CNT-FAI y de «la Pasionaria», provocaría el pánico entre ellos, por las reiteradas arbitrariedades y excesos cometidos contra sus miembros por estos milicianos, pero no nos olvidemos de que la totalidad de las monjas desalojadas de los conventos de las Ursulinas y las Franciscanas salvaron sus vidas, a pesar de que muchos seguntinos les negaron sus casas, y buena parte de ellas tuvieron que alojarse en casas de huéspedes sin ninguna clase de protección.
En cuanto a los civiles vinculados a los sublevados o a la Iglesia son 19, incluidos dos guardias civiles. Agustín de Grandes fue ejecutado en la prisión provincial de Guadalajara y Román Pascual en el término de Jodra del Pinar.
La desproporción entre estos y las víctimas directas o indirectas provocadas por los sublevados, sin que hasta ahora se hayan considerado como «víctimas inocentes», reivindicando su derecho a figurar junto con las de los «vencedores», es trágicamente evidente, tanto durante el asedio como después de ocupar Sigüenza. Sólo como consecuencia de los bombardeos masivos e indiscriminados, tanto de la artillería como de la aviación, podemos dar como válidas alrededor de 200 víctimas mortales además de otros tantos heridos por derrumbes o metralla, entre las que hay que incluir los 15 niños huérfanos del hospital y hospicio de San Mateo, las monjas responsables y enfermeras. Es perfectamente aceptable que entre un 30 y un 35 por ciento de las casas de Sigüenza, sobre todo de las Travesañas que era la zona más poblada de la ciudad en aquella época, fueron afectadas. 
Es probable que, además de las víctimas de los bombardeos, el número de ejecuciones por las «sacas» y los «paseos» de seguntinos,  milicianos y refugiados de los pueblos de las pedanías que iban siendo sometidos  tras su ocupación por los sublevados, pudieron ascender a 300, desglosados de esta forma:
– Un grupo de unas 30 personas alojadas en la posada de San Mateo, en la calle de San Roque, que fueron fusilados en el lugar donde se instalaba la antigua plaza de toros, en la parte trasera del antiguo Banco de Aragón, junto a la antigua fábrica de Alfombras, y que fueron enterrados allí mismo en una fosa común. El lugar fue removido durante los años 80 para la construcción de un nuevo edificio y arrojados sus restos junto con los escombros en un lugar desconocido. 
– Todos los heridos y enfermos que se encontraban en el hospital de la Cruz Roja instalado en el Palacio de los Infantes, unos 100, incluido algún seguntino, y que a pesar de su estado, fueron conducidos al patio de la Ursulinas, fusilados y enterrados allí mismo en una fosa común. 
– Un número impreciso de ejecuciones descontroladas por algunos seguntinos implicados en la sublevación, que podríamos cifrar en al menos entre 50 y 60 personas, enterrados en la antigua fábrica de harinas, huertos o cerros cercanos.
– De los cerca de 500 milicianos que había en la Catedral, además de alrededor de un centenar de los civiles que se habían refugiado allí contra los bombardeos, entre los que se encontraban mujeres y niños, familiares de estos o refugiados venidos de los pueblos y que fueron fichados en el cine Capitol por falangistas locales y transportados en camiones a Soria y algunos posteriormente a Burgos, sólo algo más de la mitad de los hombres con capacidad para realizar trabajos forzados se salvaron, el resto fueron fusilados y enterrados en fosas comunes. Entre los fusilados podemos afirmar por testigos presenciales que se encontraban varias mujeres y dos niños de entre 13 y 14 años. Algunos de ellos fueron fusilados y enterrados en una fosa común el mismo día de su detención, junto a una fuente que todavía existe, en la carretera de Soria, a pocos metros del desvío hacia la fuente del Séñigo.
Nada se ha dicho en todos estos años de la identidad de estas víctimas de la represión franquista. Tampoco la Iglesia local ha hecho ningún esfuerzo para investigarlo. Sin embargo, recuperar las listas de los fusilados (si es que existen, al igual que las imágenes) sería un gesto de humanidad hacia sus familiares para que al menos se pudiera establecer su identidad y saber dónde se podrían encontrar sus restos.
Para colmo, si los socialistas locales desearan aprovechar el 2006, setenta aniversario del asesinato de su compañero Francisco Gonzalo, para rendirle homenaje, tendrían que acudir al «huesario» del cementerio, porque en los años sesenta el sepulturero de turno no tuvo el menor pudor en profanar su tumba, no sabemos si por iniciativa propia o por indicación de los responsables eclesiásticos del cementerio, que se encontraba apenas a unos metros de la de sus asesinos, que siguen en su sitio, y arrojar sus despojos al huesario, enterrando a otro en ese lugar.
Por tanto, podemos establecer fácilmente y sin temor a equivocarnos que mientras las víctimas de los milicianos republicanos fueron alrededor de 50 (aun cuando en la ermita del Humilladero hay registrados 73, algunas de estas víctimas no pueden ser achacadas a ejecuciones por causa de juicios «revolucionarios» o a «paseos», sino como consecuencias de acciones de guerra), y las de los sublevados podrían establecerse al menos en unas 500, siendo sin duda muy generosos en nuestra apreciación.
Por si los testimonios y nuestros cálculos no son aceptables, aún podemos remitirnos al primer decreto publicado por la comandancia de los sublevados. Entre otras cosas el segundo apartado ordenaba que: «Por cada patriota caído fusilaremos diez enemigos de la Patria»; es decir, que según nuestros cálculos, cumplieron al pie de la letra este primer decreto. 
Muchos seguntinos fueron conducidos al paredón sin mediar ni una simple o rebuscada acusación. Existen tristes anécdotas relatadas por testigos presenciales que prueban la arbitrariedad de las ejecuciones y el desprecio de los militares sublevados por la población civil, como el caso de un muchacho de apenas 14 años que al pasar junto a las obras de desescombro de la Catedral reconoció entre los prisioneros a un familiar y se interesó por su «salud», con tan mala pata que algún oficial sublevado que vigilaba los presos consideró que le había saludo con el habitual «Salud, camarada» de los comunistas, por lo que sin duda debía ser un «rojo» y, en efecto, fue fusilado. ¿Intercedió la Iglesia ante la comandancia para salvar las vidas de estos seguntinos sin acusación concreta? Más bien los indicios indican que «colaboraron», aún cuando sabemos de casos en que por razones de familia, amistad personal o por haber hecho algún servicio a la Iglesia, pudieron salvar su vida. Pero por los escritos de la época podemos deducir que los capellanes militares de los tercios requetés no debieron ser, sin duda, muy compasivos y debieron influir en la Iglesia local, muy resentida por las profanaciones y las ejecuciones del obispo, del deán y de algunos de sus sacerdotes.

¿QUIÉN ERA FRANCO?


Franco: el militar

Franco era un militar habituado a actuar con órdenes precisas y por eso si decidió actuar por su propia cuenta y asumir el riesgo de un posible fracaso, fue por una poderosa y simple razón: imponer al país la «disciplina castrense», es decir, imponer un orden social f
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